La Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Bello adelantan un estudio técnico integral sobre los movimientos en masa en la ladera oriental del Valle de Aburrá. La iniciativa, con una inversión superior a los 4 200 millones de pesos y un avance del 25 %, busca entender las causas geológicas de los deslizamientos y definir acciones para proteger a las comunidades que habitan ese sector.
Origen: la emergencia de junio de 2025
El estudio surge como respuesta directa a la emergencia ocurrida el 24 de junio de 2025 en la vereda Granizal, en el municipio de Bello, y en el barrio Santo Domingo, en Medellín. La ejecución técnica está a cargo de la Universidad Nacional de Colombia.
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El foco del análisis es la formación geológica tipo dunita, compuesta por rocas de origen profundo que son sensibles a la alteración cuando entran en contacto con el agua. Esa condición puede desestabilizar el terreno y elevar la probabilidad de deslizamientos, lo que la convierte en un factor clave para entender el riesgo en esta zona.
Luego de un proceso de identificación, las autoridades, organismos de socorro y Medicina Legal revelaron las identidades de las 22 víctimas mortales del movimiento en masa que se produjo el pasado martes 24 de junio en la vereda Granizal de Bello. Aún faltan las identidades de… pic.twitter.com/LJlAzEl6Qn
— MiOriente (@MiOriente) July 4, 2025
¿Qué contempla el estudio?
El proyecto incluye análisis geológicos, geotécnicos, geofísicos, hidrogeológicos y geomorfológicos, con énfasis en identificar los factores que pueden originar deslizamientos. Sus resultados servirán como base para evaluar la vulnerabilidad del territorio, definir escenarios de riesgo y diseñar obras de estabilización.
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Hasta el momento se ha avanzado en la recopilación y análisis de información existente, y se ejecutan trabajos de campo que comprenden levantamientos geológicos y geomorfológicos, muestreos geotécnicos y estudios geofísicos, además de la planeación de perforaciones especializadas.
De forma paralela a las actividades técnicas, las entidades han sostenido encuentros con las comunidades para informar sobre el avance del estudio y las acciones previstas. Las instituciones reiteraron que se trata de un proceso orientado a reducir el riesgo y proteger la vida de las personas mediante decisiones basadas en evidencia científica.
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