Fin de concesión Devimed pone en riesgo ejecución de $121 000 millones para obras viales en el Oriente antioqueño

Las organizaciones comunales del Oriente antioqueño solicitaron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tomar decisiones urgentes para garantizar la ejecución de varias obras viales priorizadas en la subregión, ante el riesgo de que cerca de 121 000 millones de pesos provenientes de excedentes de peajes queden sin ejecutarse por la terminación de la concesión de Devimed S.A.

La petición fue enviada al vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Gamaliel Uparela Brid, mediante una carta firmada por líderes territoriales, representantes comunales y organizaciones sociales de 27 municipios y corregimientos del Oriente antioqueño. En el documento, las comunidades expresaron preocupación por la incertidumbre que rodea proyectos que ya habían sido priorizados y que avanzaban en procesos técnicos y prediales.

«Actualmente, cerca de 121 000 millones de pesos provenientes de excedentes de peajes administrados por Devimed S.A. podrían quedar en riesgo de no ser ejecutados debido al proceso de terminación y liquidación contractual de la concesión», señala la comunicación enviada a la ANI.

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Entre las obras incluidas en la solicitud aparecen el intercambio vial de SOMER, en Rionegro; el intercambio vial Puerta de Embalses, en Marinilla; el retorno de acceso a San Vicente Ferrer; el soterrado peatonal del barrio San Antonio, en Guarne; además de otras intervenciones proyectadas sobre la autopista Medellín-Bogotá y la vía Guarne-aeropuerto.

Las organizaciones aseguraron que varios municipios ya adelantaron gestiones necesarias para materializar estas obras, entre ellas procesos prediales y estudios técnicos. Además, recordaron que los proyectos habían sido anunciados públicamente y relacionados en el radicado No. 20263110135811 del 16 de abril de 2026.

En la carta, las comunidades señalaron que los recursos provienen de los peajes pagados durante años por los usuarios de estas vías, con la expectativa de que fueran destinados a mejorar la movilidad, la conectividad regional y la seguridad vial del territorio.

«Resulta especialmente preocupante que proyectos que ya fueron concertados, priorizados y estructurados, y cuya ejecución había sido anunciada públicamente, hoy enfrenten el riesgo de no ejecutarse por falta de decisiones oportunas», indicaron los líderes comunales.

El documento también advierte que avanzar en la liquidación del Contrato de Concesión 275 de 1996 sin la firma de los instrumentos requeridos podría generar la congelación de los recursos por un periodo indefinido y afectar la ejecución de proyectos considerados estratégicos para la región.

Ante este panorama, las asociaciones solicitaron a la ANI informar oficialmente el estado actual de las decisiones relacionadas con las obras, evaluar alternativas jurídicas y administrativas para garantizar la destinación de los recursos y abrir espacios de diálogo con los municipios y actores territoriales.

El pronunciamiento fue respaldado por asociaciones de juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunal que agrupan a 1 120 organismos comunales de primer nivel en municipios como Rionegro, Marinilla, Guarne, El Santuario, El Carmen de Viboral, La Ceja, San Vicente Ferrer, Guatapé y Sonsón, entre otros.

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