La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red delictiva dedicada a la falsificación y tráfico de moneda y billetes de lotería que operaba en Bogotá, Cali y Medellín, con la captura y judicialización de seis presuntos integrantes este 10 de mayo de 2026. La organización se habría valido de empresas de mensajería del comercio formal para movilizar el material ilícito y distribuirlo al menudeo a través de loteros.
Los capturados y sus roles dentro de la organización
Los presuntos integrantes identificados son: Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas, señalado como distribuidor del dinero espurio; Kevin Correa Cabrera, quien habría diseñado y elaborado el material falsificado aprovechando su vinculación a un establecimiento de impresión; y Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas, implicado en la adquisición de insumos para la producción ilegal.
Completan el grupo Dagoberto William León Ruiz, alias Dago, vinculado a la fabricación fraudulenta de billetes de lotería; y los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno, quienes presuntamente manejaban una fachada de venta de juegos de suerte y azar en Medellín para comercializar los productos ilícitos mediante loteros.
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Incautaciones: más de 57 millones en billetes falsos y 56.000 dólares
Durante los registros y allanamientos que permitieron las capturas, las autoridades incautaron billetes falsificados en denominaciones de 20.000, 50.000 y 100.000 pesos, que sumaron más de 57 millones de pesos. Igualmente se aseguraron 56.330 dólares y 412 billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos previstos en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, entre otros departamentos.
Delitos imputados y medidas de aseguramiento
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los capturados, según su participación individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público.
Cinco de los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario y uno con detención domiciliaria.
Según la Fiscalía, las actividades delictivas realizadas a gran escala habrían afectado la economía nacional, los recursos destinados al sistema de salud y el patrimonio de comerciantes y ciudadanos en distintas regiones del país.
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