Proyecto de ley busca prohibir exaltación de figuras del crimen organizado en Colombia

Un nuevo proyecto de ley fue presentado ante el Congreso de la República el pasado 31 de julio, con el objetivo de prohibir la comercialización, distribución, uso y porte de símbolos, propaganda, indumentaria y material audiovisual que exalten la imagen de personas condenadas por delitos, según el Código Penal. La iniciativa, liderada por el representante de la Alianza Verde, Cristhian Avendaño, busca erradicar la “cultura mafiosa” que ha prevalecido en Colombia en los últimos años.

El congresista Avendaño enfatizó la necesidad de superar el estigma asociado con figuras del crimen organizado, como Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín.

Es hora de dejar atrás a quienes le han causado tanto daño al país. Personajes como Pablo Escobar y Popeye merecen quedar en el olvido. Nosotros, como colombianos, debemos luchar para erradicar la «narcocultura» que se nos ha impuesto por tanto tiempo,

manifestó el congresista.

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La propuesta tiene como objetivo fomentar una cultura de paz y reconciliación, promoviendo la convivencia pacífica y el respeto por los derechos humanos y las víctimas de la violencia.

Que la gente lleve prendas y venda objetos enalteciendo asesinos y narcotraficantes es una vergüenza y una falta de respeto hacia las víctimas. Si vamos a promover algo, que sea la alegría de nuestra gente, la biodiversidad y la cultura trabajadora, emprendedora y resiliente de los colombianos.

agregó Cristian Avendaño.

El proyecto de ley estipula sanciones que incluyen multas, suspensiones temporales y la destrucción de bienes en caso de incumplimiento, una vez que la norma sea aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente de la República. No obstante, se contemplan excepciones para el uso y porte de productos, símbolos, indumentaria, libros y material audiovisual cuando se utilicen con fines de pedagogía ciudadana, investigación o enseñanza. Además, se exceptúa de la prohibición la propaganda electoral relacionada con personas condenadas que hayan cumplido su pena y estén habilitadas para ocupar cargos de elección popular.

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