Exprocurador Ordóñez tendría que pagar una indemnización de más de mil millones de pesos por sancionar a Piedad Córdoba

Una decisión que se conocería en 2026 podría obligar al exprocurador general Alejandro Ordóñez Maldonado a asumir con recursos propios una indemnización superior a los 1674 millones de pesos, como consecuencia de un proceso de reparación promovido por la Procuraduría General de la Nación. El caso se deriva de la sanción disciplinaria que impuso en 2010 a la exsenadora Piedad Córdoba, posteriormente anulada por la justicia administrativa.

Según la información divulgada por Semana, el litigio entró en una fase definitiva luego de que fracasara un intento de conciliación ante el Consejo de Estado el pasado 12 de noviembre. Según lo consignado en el acta judicial, ni el ente de control ni la defensa del exprocurador mostraron disposición para cerrar el caso por vía extrajudicial, lo que obliga a continuar con el proceso ordinario.

La Procuraduría busca que Ordóñez sea declarado responsable a título de culpa grave, bajo el argumento de que sus decisiones disciplinarias generaron un daño patrimonial al Estado. En ese sentido, reclama la devolución de los recursos que debió pagar tras el fallo que dejó sin efecto la destitución e inhabilidad de Córdoba.

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Dentro de las pruebas solicitadas recientemente por el alto tribunal se encuentran certificaciones financieras y judiciales relacionadas con el pago realizado en diciembre de 2017 a los herederos de la excongresista, por un valor cercano a $1435 millones, correspondiente a salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo fuera del Congreso.

El expediente, que estuvo varios años sin movimientos sustanciales, recobró impulso cuando el Consejo de Estado ordenó el envío de oficios a entidades como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y despachos judiciales de Bogotá. La información solicitada está relacionada con otros procesos penales que también se originaron en el material incautado tras la muerte del jefe guerrillero alias Raúl Reyes.

La sanción impuesta en 2010 se sustentó, en parte, en archivos encontrados en los computadores del comandante de las Farc, donde aparecía el nombre de Piedad Córdoba vinculado a gestiones humanitarias con la guerrilla. No obstante, años después, el Consejo de Estado determinó que esos elementos no cumplían con los estándares probatorios exigidos por el régimen disciplinario.

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La defensa de Ordóñez sostiene que las decisiones adoptadas en su administración estuvieron respaldadas por actuaciones legales y que aceptar una conciliación equivaldría a admitir responsabilidad. Por esa razón, ha reiterado que agotará todas las instancias judiciales disponibles.

Desde la Procuraduría, en contraste, se insiste en que el exprocurador debe responder personalmente por el impacto fiscal derivado de una sanción que fue anulada por carecer de sustento probatorio suficiente. El fallo que se avecina podría sentar un precedente sobre la responsabilidad patrimonial individual de altos funcionarios del Estado por decisiones administrativas posteriormente invalidadas.

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