Aumento del IVA en ciertos licores y más impuestos al tabaco y juegos de azar: medidas de la emergencia económica

Tras una rueda de prensa, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciaron el paquete de medidas tributarias que hacen parte de la declaración de emergencia económica, una medida que fue tomada, según el Gobierno, para recuperar los ingresos necesarios para preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, además de atender necesidades urgentes de seguridad, protección y desastres naturales.

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Incremento a licores

Uno de los impuestos anunciados por los ministros es un IVA del 19 % permanente para juegos de suerte y azar. También el incremento del IVA del 5 % al 19 % para licores de alto contenido alcohólico, es decir, aguardiente, ron, whisky, brandy, entre otros. Este incremento no incluirá a la cerveza por lo que llamaron un alto nivel de consumo social en el país. También habrá un incremento del impuesto al consumo de tabaco, con lo cual buscan desincentivar su uso por razones de salud pública.

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Otros impuestos

También habrá un incremento del impuesto al consumo del 16 % al 19 % para productos de lujo. Se realizará reducción de la exclusión tributaria para importaciones de bajo valor de hasta 50 dólares, en especial las compras por plataformas digitales.

El Gobierno también realizará aumentos a los impuestos al patrimonio, al sector financiero, a la normalización de patrimonios y al sector extractivo nacional. Durante la jornada, el Ministerio de Hacienda hará público el decreto con todas las especificidades.

El Gobierno argumenta que la declaratoria de emergencia fue necesaria tras la negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento; el déficit en la Unidad de Pago por Capitación; las necesidades de seguridad nacional; los requerimientos adicionales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por la futura época electoral y la atención de emergencias como desastres naturales.

Cabe recordar que el decreto que declara la emergencia económica está sujeto a control por parte de la Corte Constitucional, la cual, tras una revisión exhaustiva de las causas que la motivaron, puede declararlo inexequible si no se ajusta a los requisitos constitucionales.

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