La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte abrieron una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos en la operación de sistemas de fotomultas.
Según ambas entidades, en total, más de 7,5 millones de comparendos están bajo revisión, y 5,8 millones de ellos deberán ser revocados de oficio.
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Entre los organismos investigados figuran autoridades de tránsito de Medellín, Bello, Itagüí, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otras.
37 organismos de tránsito investigados por presuntas irregularidades en fotomultas
- Secretaría de Movilidad de Medellín
- División de Tránsito y Transporte de La Dorada
- Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio
- Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali
- Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá
- Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal
- Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario
- Secretaría de Movilidad de Itagüí
- Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta
- Oficina de Tránsito y Transporte Departamental del Magdalena
- Secretaría de Movilidad de Bello
- Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa
- Instituto de Tránsito del Atlántico
- Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia
- Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Arjona
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad
- Secretaría de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de San José de Cúcuta
- Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca
- Organismo de Tránsito Municipal de Palermo
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (Intrasfun)
- Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios
- Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago
- Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo
- Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad del Municipio de Yotoco
- Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga
- Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
- Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica
- Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Montería
- Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Planeta Rica
- Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santander de Quilichao
- Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca
- Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá
Consulte aquí el listado completo de organismos de tránsito investigados, las fechas de operación y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional frente a las presuntas irregularidades en sistemas de fotodetección 👇https://t.co/TjfIz1TOHq pic.twitter.com/wA103Iep5G
— MinTransporte (@MinTransporteCo) May 21, 2026
Los organismos con mayor volumen de comparendos detectados son Cali, con 2,7 millones; Medellín, con más de 717 000; Bogotá, con cerca de 294 000; y Barranquilla, con más de 131 000.
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De acuerdo con la investigación, se identificaron tres tipos de irregularidades: 12 organismos iniciaron operaciones sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología; 7 operaron con conceptos expedidos a nombre de terceros; y 18 obtuvieron la certificación técnica después de haber puesto en marcha los sistemas.
De los 7,5 millones de comparendos totales, 1 582 398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos, con recaudos que superan 1,05 billones de pesos. Las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver esos recursos y, adicionalmente, enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los 2,1 billones de pesos, conforme a la Ley 2251 de 2022.
Los 5 832 906 comparendos pendientes de pago quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio, lo que beneficiaría potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.
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