Un encuentro clave entre los alcaldes del Oriente antioqueño y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) terminó sin un acuerdo definitivo para la firma de los «otrosí» que permitirían iniciar tres proyectos estratégicos de movilidad en la región. A pesar de que existen 121 000 millones de pesos asegurados provenientes de excedentes de peajes de la concesión Devimed, la viabilidad jurídica de las obras se encuentra bajo una sombra de duda.
En contexto: Este lunes habrá cumbre entre mandatarios del Oriente y la ANI para definir el futuro de proyectos viales clave
Los proyectos en juego
Las obras priorizadas, que ya cuentan con diseños en fase avanzada y gestión predial por parte de los municipios, son:
• El intercambio vial en la Clínica Somer (Rionegro), con un costo estimado de 80 000 millones de pesos.
• El intercambio vial a Embalses (Marinilla), fundamental para la movilidad hacia El Peñol y Guatapé.
• Un nuevo intercambio en el ingreso a San Vicente Ferrer sobre la autopista Medellín-Bogotá.
El obstáculo jurídico y la Ley de Garantías
El principal inconveniente radica en que la concesión de Devimed finaliza el próximo 31 de julio, tras 30 años de operación. Según el líder jurídico de la ANI, no es viable firmar los «otrosí» en este momento debido al cierre del modelo contractual y las restricciones de la Ley de Garantías, que limita la contratación estatal antes de procesos electorales.
Leer más: Intervienen de urgencia la Casa de la Convención en Rionegro para evitar su colapso
Jorge Rivas, alcalde de Rionegro, manifestó que, aunque existe voluntad de la ANI para ejecutar los recursos, «aún no hay una ruta clara». Por otra parte, se teme que, si los contratos no se firman antes del vencimiento de la concesión, los recursos queden atrapados en un proceso de liquidación de fiducias que podría tardar más de un año.
Alcaldes buscan alternativas
Ante este panorama, los mandatarios locales proponen que se firmen convenios directos con los municipios antes del 31 de julio. Esta medida permitiría que los recursos se queden en el territorio y sean ejecutados localmente sin depender de la concesión saliente o del paso de las vías a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
«Estamos solicitando una mesa técnica y jurídica para poder sentarnos y avanzar pronto», señaló el alcalde Rivas, enfatizando que municipios como La Ceja, Guarne y San Vicente ya han realizado inversiones propias en redes y predios para facilitar estas obras.
Un panorama incierto
El sentimiento general tras la reunión es de preocupación. Si no se logra una solución antes de la fecha límite, el liderazgo de los proyectos pasaría al Estado a través del Invías, lo que para muchos analistas significa que las obras podrían quedar estancadas indefinidamente. Por ahora, los 121 000 millones de pesos que deberían estar transformando la infraestructura del Oriente permanecen en una fiducia, a la espera de una decisión política y jurídica de alto nivel.
