Los predios ubicados en las veredas El Topacio (San Rafael) y San Lorenzo (Alejandría) hacen parte del área declarada de utilidad pública e interés social para la operación de la Central Hidroeléctrica Jaguas. Desde hace cerca de 40 años, estos terrenos están destinados exclusivamente a la conservación ambiental y se encuentran dentro de la Reserva Forestal San Lorenzo, por lo que tienen restricciones de uso. Adicionalmente en ellos se encuentra conformada la presa del embalse San Lorenzo, infraestructura crítica para la generación de energía. Cualquier intervención no autorizada en estos predios constituye un daño al ambiente y podría materializar un riesgo de desastre para las comunidades ubicadas aguas abajo.
En los últimos años, un particular ha insistido en abrir vías, retirar mojones, derribar cercos e intervenir físicamente estos predios, argumentando la existencia de una supuesta servidumbre. No obstante, los pronunciamientos de las autoridades competentes han sido claros en señalar que dicha servidumbre no se encuentra vigente ni registrada, y que las actividades realizadas carecen de autorización legal y ambiental.
Aunque existen servidumbres en uso, se ha hecho una interpretación errónea de su trazado. Estas servidumbres están claramente definidas en la escritura pública 1628 de 1986 y aclaradas en la escritura pública 3044 del mismo año.
Las decisiones adoptadas por distintas autoridades confirman la posición de Isagen y determinan el carácter irregular de las intervenciones realizadas por el particular. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia, mediante resolución del 9 de marzo de 2026, ordenó el cese inmediato de los actos de perturbación, la suspensión total de la construcción del carreteable y el retiro de avisos, materiales, mojones derribados y cualquier obra instalada dentro de los predios de Isagen. Además, advirtió que la persistencia en estas conductas puede constituir desacato y acarrear consecuencias penales. La Gobernación fue enfática en señalar que los predios son propiedad de Isagen y están cobijados por la declaratoria de utilidad pública e interés social, por lo que no existe derecho alguno que habilite al particular para intervenirlos.
Por su parte, Cornare, mediante resolución del 6 de abril de 2026, impuso medidas preventivas ambientales tras constatar en campo la apertura de una vía de aproximadamente 864 metros dentro de predios de Isagen y la intervención de cerca de 2.365 metros cuadrados de bosque. Estas actividades implicaron la remoción de árboles nativos y sotobosque, se realizaron sin permisos ambientales, en zonas de preservación, restauración y protección, y utilizaron maquinaria pesada, generando taludes sin obras de manejo de aguas ni control de erosión. En consecuencia, Cornare ordenó la suspensión inmediata de la apertura de la vía y de cualquier aprovechamiento forestal, así como permitir la restauración natural del área intervenida y abstenerse de nuevas intervenciones sin autorización ambiental, señalando el grave riesgo para el ecosistema y la conectividad del bosque.
Con base en estas decisiones, Isagen inició actividades de restablecimiento y reconformación de cercos, mojones y barreras para proteger la integridad legal y material de los predios y de la presa de la central Jaguas. Estas acciones buscan evitar riesgos para las estructuras, proteger a las comunidades aguas abajo, garantizar la continuidad del servicio de generación de energía eléctrica y salvaguardar el medio ambiente. El sábado 11 de abril se conoció una orden de la inspección de policía local (posiblemente inducida a error por el particular) que ordenaba la suspensión provisional de las acciones. Sin embargo, la Compañía interpuso los recursos de ley con argumentos contundentes y confía en el correcto entendimiento y la revocatoria de la medida. Isagen rechaza de manera categórica las intervenciones ilegales realizadas en sus predios y reafirma que su protección es fundamental para la seguridad de las personas, el ambiente y la operación del sistema energético.
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