Antioquia registró una fuerte disminución en el hurto de motocicletas durante el primer trimestre de 2026, con una caída del 49 %, según el más reciente informe de Asopartes. Pese a esta reducción, el departamento continúa encabezando las cifras a nivel nacional, lo que mantiene la preocupación de las autoridades y del gremio.
De acuerdo con el balance, los casos de robo de motos en Antioquia pasaron de 2 379 en 2025 a 1 198 en 2026. La reducción es aún más marcada en Medellín y su área metropolitana, donde los hurtos bajaron de 1 614 a 784, lo que representa una disminución del 51 %.
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A nivel nacional, el comportamiento también muestra una tendencia a la baja. Entre enero y marzo de 2026 se reportaron 7 581 hurtos de motocicletas, frente a 9 131 en el mismo periodo del año anterior, equivalente a una reducción del 17 %. Solo en marzo, la caída fue del 34 %.
En cuanto a los automóviles, el hurto también disminuyó en el país. En 2026 se registraron 1 926 casos, frente a 2 267 en 2025, lo que representa una reducción del 15 %. En Antioquia, la cifra pasó de 384 a 294 casos, es decir, un 23 % menos. En Medellín, los hurtos de automotores bajaron de 220 a 184, con una reducción del 16 %.
Hurto de motocicletas y mercado de autopartes en Antioquia
Pese a estos avances, Antioquia sigue siendo el territorio con mayor número de robos de motocicletas en Colombia. Para Asopartes, uno de los principales factores que impulsa este delito es el mercado ilegal de autopartes, que facilita la operación de redes criminales y dificulta su control.
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«El reto está en sostener esta tendencia y evitar que el delito se reactive en las zonas con mayor incidencia», señaló Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.
El informe advierte que, aunque las cifras muestran mejoras, el hurto de vehículos continúa concentrado en grandes centros urbanos como Medellín, donde influyen factores como la alta demanda de repuestos, la informalidad y la capacidad logística de estructuras ilegales. El gremio insistió en la necesidad de fortalecer el control al comercio ilegal y la articulación entre autoridades y sector privado para lograr una reducción sostenida del delito.
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