La Universidad de Antioquia dio inicio formal a los procedimientos administrativos sancionatorios contra un grupo de aspirantes identificados en conductas irregulares durante el examen de admisión a las especialidades clínico-quirúrgicas de la Facultad de Medicina, correspondiente al semestre 2026-2. Los hechos ocurrieron el 10 de abril pasado, cuando el equipo logístico y docente detectó el uso de dispositivos tecnológicos no autorizados durante la jornada evaluativa.
Lo que se detectó
Según informó la institución desde el día del examen, los aspirantes fueron hallados con audífonos, microauriculares, intercomunicadores y cámaras destinados a recibir información externa durante la prueba. Ante esto, las áreas competentes de la universidad iniciaron una etapa de averiguaciones preliminares y análisis jurídico que concluyó con la apertura formal del proceso sancionatorio.
La Jefatura del Departamento de Admisiones y Registro comenzó la notificación personal de los actos administrativos que vinculan formalmente a cada implicado, detallando los hechos individuales y las disposiciones normativas presuntamente vulneradas, con garantía del debido proceso.
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Las sanciones previstas
El marco normativo aplicable es el Acuerdo Superior 472 de 2021 y la Resolución 00006 de 2026 del Comité Central de Posgrados, que prohíben expresamente el ingreso de dispositivos electrónicos a las aulas. Las consecuencias van desde la anulación definitiva de la prueba hasta la inhabilitación para presentar futuros exámenes de admisión en la UdeA por un periodo de entre dos y diez semestres, según la gravedad de la falta.
Investigación más allá de la universidad
Dado que los implicados son profesionales de la medicina ya graduados, la Universidad informó que los informes técnicos y las evidencias recaudadas fueron puestos a disposición del Tribunal de Ética Médica y la justicia ordinaria para las investigaciones que correspondan.
Los resultados del proceso de admisión fueron publicados el 5 de mayo. La institución destacó que sus mecanismos de control —entre ellos el versionamiento de exámenes y la vigilancia en las ocho sedes habilitadas— resultaron efectivos para evitar que algún aspirante obtuviera una ventaja indebida.
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