Este viernes se conoció que un ciudadano salvadoreño que había llegado hace solo dos semanas a Medellín, fue asesinado en un ataque sicarial, presuntamente, por negarse a pagar una extorsión.
“Déjenme trabajar, que después les respondo por eso”: según diferentes medios, estas fueron las palabras de la víctima, de 52 años de edad, antes de ser ultimado.
El salvadoreño estaba casado con una colombiana y, tras su llegada a Medellín, decidió invertir en una vivienda, la cual iba a remodelar. Presuntamente, los extorsionistas le estaban exigiendo dinero para permitirle hacer la obra, algo que el hombre se habría negado a conceder.
El sicario fue capturado minutos después del ataque tras hacer el seguimiento de la motocicleta en la que se movilizaba.
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![Por negarse a pagar una extorsión, un salvadoreño fue asesinado en Medellín]()
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Más de 150 000 hogares y negocios son extorsionados en Medellín
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Santiago Tobón, uno de los investigadores, le dijo a Teleantioquia que llegaron a esta conclusión después de recorrer diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, donde observaron diferentes modalidades de extorsión. En algunos casos, los extorsionistas simplemente llegan y exigen pagos, a veces entregando boletas o talonarios que aparentan ser rifas para evitar la captura en flagrancia. Esta estrategia les permite a los delincuentes camuflarse como vendedores de boletas de rifa en caso de ser sorprendidos por la Policía.
Además, el estudio identificó situaciones en las que los grupos delictivos repartían productos, como arepas, huevos y quesos, por la noche, obligando a los residentes a comprarlos bajo la amenaza implícita de represalias si se negaban.
La comuna 2 (Santa Cruz) es la más afectada por esta situación, con la mayoría de los barrios reportando propiedades extorsionadas que superan el 70 %. Le sigue San Javier, donde la extorsión también es una realidad para muchos residentes. En algunos barrios de Medellín, la extorsión se ha normalizado hasta el punto de que algunos ciudadanos perciben que están pagando por un “servicio de seguridad” proporcionado por los grupos delictivos.
Este fenómeno presenta un desafío significativo para el Estado, ya que socava su legitimidad y requiere esfuerzos adicionales para recuperar la confianza de la comunidad. El estudio detalla que la cifra de negocios extorsionados puede superar el 60 % en varias comunas de la ciudad, donde los cobros por extorsión tienden a ser más altos que los de las viviendas, dependiendo de las características específicas de cada lugar.
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