Corte Constitucional ordenó medidas urgentes por riesgo sanitario en cárceles y centros transitorios de Medellín

La Corte Constitucional ordenó a las Alcaldías de Medellín y Bucaramanga que, en coordinación con el Inpec y la Uspec, adopten medidas de forma inmediata para garantizar las condiciones mínimas de salubridad y atención en salud de las personas privadas de la libertad, con el fin de evitar una crisis sanitaria en los centros de detención transitoria y en los establecimientos carcelarios y penitenciarios de Antioquia y Santander, en especial, el riesgo inminente de la propagación de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis.

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La Corte lleva registro de la persistencia de altos niveles de hacinamiento, las deficiencias estructurales de salubridad y la respuesta insuficiente de las autoridades nacionales y territoriales, lo que, según indicaron, agrava la amenaza para la salud pública y compromete los derechos de las personas privadas de la libertad. 

La Uspec y el Inpec deben realizar un plan sanitario para la contención, diagnóstico y tratamiento del brote de tuberculosis reportado en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional de Antioquia y Santander, en especial para las personas que son trasladadas desde los centros de detención transitoria.

“Las medidas deben (i) implementar tamizajes clínicos y bacteriológicos de ingreso priorizando a sintomáticos y personas en contacto estrecho; (ii) establecer y hacer cumplir zonas y protocolos de aislamiento respiratorio inmediato para casos confirmados o sospechosos, con cohortización separada y medidas de ventilación adecuadas; (iii) asegurar el suministro oportuno e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos bajo estrategia de tratamiento directamente observado”, explicó la Corte.

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También se le realizarán pruebas al personal de custodia, administrativo y de servicios que haya tenido exposición, se evitarán traslados entre establecimientos sin tamizaje previo, y se garantizarán las remisiones hospitalarias urgentes cuando el cuadro clínico lo exija y la continuidad del tratamiento al egreso.

El Ministerio de Salud, por su parte, debe prestar asistencia técnica, consolidar la información nacional sobre los casos reportados y remitir a la Sala Especial de Seguimiento un informe sobre las acciones emprendidas y los resultados obtenidos.

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