La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó este martes que 20 exguerrilleros de las FARC son «máximos responsables» del reclutamiento y utilización de niños para el conflicto armado colombiano, por lo cual los llamó a reconocer su participación en esos crímenes.
Los imputados hicieron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y Comando Conjunto Central de las FARC, y se les vinculó al proceso porque, según ese tribunal, «ejercieron mando o cumplieron roles determinantes en el reclutamiento de menores».
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La investigación hace parte del Caso 07 de la JEP, titulado ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’, que incluye a 11 052 víctimas, de las cuales 9 027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales afectados y 2 025 son víctimas individuales.
«Esto evidencia que el reclutamiento afectó de manera desproporcionada a comunidades históricamente vulneradas. Los pueblos indígenas y afrocolombianos no solo perdieron a sus niños y niñas, sino también vieron afectadas sus estructuras sociales, su continuidad cultural y sus formas de vida», afirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en una rueda de prensa.
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La magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, explicó que los 20 comparecientes tienen dos caminos a partir de su imputación: reconocer su participación en estos delitos para seguir el proceso por la vía de la restauración, que no conlleva penas de cárcel; o, si no lo hacen, pasar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, donde pueden enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión.
La JEP determinó que el reclutamiento fue mayoritariamente forzado (64 %), seguido de modalidades de engaño (22 %) y persuasión (13 %), y que no «fue un fenómeno aislado», sino que más bien tuvo un recrudecimiento «sistemático» entre 1996 y 2016.
«Detrás de cada cifra hay una historia, una vida interrumpida, una infancia arrebatada. Por lo que esta decisión es un llamado a los imputados a reconocer su responsabilidad. Es imperativo y es un deber moral con las víctimas», aseguró Ramelli.
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La investigación, que comenzó en 2019, tuvo cinco momentos clave que incluyeron el análisis del delito, la «transformación del daño», el planteamiento de necesidades restaurativas por parte de las víctimas y la activación de respuestas institucionales y comunitarias.
La JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para investigar y juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano, tiene abiertos 11 macrocasos por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Fuente: Agencia EFE
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