El estudio «Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia», realizado por los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa, del Politécnico Grancolombiano, denunció que Antioquia se encuentra entre los territorios donde más están relacionados la producción cafetera y los niveles elevados de extorsión, lo cual, según indicaron, evidencia que los grupos armados ven en la actividad cafetera un flujo constante de ingresos, particularmente en municipios con antecedentes de conflicto.
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Los municipios antioqueños más afectados según el estudio son Ciudad Bolívar, Anzá, Barbosa, Montebello y Nariño, donde las tasas de extorsión oscilaron entre 25 y 65 casos por cada 100 000 habitantes. El balance de la investigación es que siete de cada diez caficultores reportan haber recibido llamadas extorsivas, pero menos del 15 % se atreve a denunciar. Al respecto, esto dijo Jaime Wilches, docente investigador de la Universidad Politécnico Grancolombiano.
«La extorsión se hace más fuerte en municipios caficultores que combinan ausencia del Estado, conflicto y, en algunos casos, cultivos de coca. Cuando estas condiciones se juntan, el delito crece y se consolida un impuesto criminal que opera sin mayor resistencia», dijo el docente.
El estudio indica que en las subregiones del Occidente, Suroeste y Norte, la capacidad institucional no ha logrado contener por completo la expansión del delito. En contraste, el Eje Cafetero tradicional (Caldas, Risaralda y Quindío) mantiene cifras más bajas debido, según indicaron, a mayor cohesión institucional, articulación gremial y control territorial estable.
«Con la extorsión normalizada, las familias cafeteras ven reducidos sus ingresos, disminuida su participación en cooperativas y frenado su tránsito hacia cafés especiales, afectando su competitividad», explicaron en un boletín.
En los últimos años, la extorsión en Colombia aumentó más del 70 %, alcanzando un máximo histórico de 10 560 denuncias. El estudio concluye que la extorsión en Antioquia no solo afecta la seguridad, sino que tiene un impacto directo en el tejido social y económico del departamento.
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