El aumento de casos de inadmisiones por turismo con fines de explotación sexual en Antioquia marca una tendencia preocupante. Migración Colombia sancionó con medida de inadmisión a 80 ciudadanos extranjeros en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro durante el 2025. A hoy ya se registran 48 casos y solo la última semana se han inadmitido 15 ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses.
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Uno de los episodios más recientes ocurrió en un vuelo de la Aerolínea United Airlines, procedente de Houston, EE.UU., en el que cinco ciudadanos estadounidenses fueron reportados por otros pasajeros tras sostener conversaciones explícitas sobre los encuentros sexuales que planeaban realizar en Colombia durante el fin de semana, demostrando incluso los contactos previos realizados en la ciudad para “reservar transporte, fincas con piscina en zonas rurales, y mujeres dispuestas a complacer sus fantasías”; una afirmación que invisibiliza el flagelo de la explotación sexual de mujeres, pero también de niñas, niños y adolescentes.
A su llegada al país, los viajeros fueron sometidos a una entrevista más exhaustiva por parte de oficiales de Migración Colombia en la que la información suministrada no correspondía al perfil de turistas, por lo que se aplicó la medida administrativa de inadmisión en su ingreso al país.



A través de la Regional Antioquia-Chocó, Migración Colombia detectó casos de influenciadores en redes sociales como Chill Capo, dedicado a promocionar fiestas y turismo con fines de explotación sexual, además de su permanencia irregular, por lo que se le aplicó la medida de deportación y no podrá ingresar al país en los próximos cinco años.
Migración Colombia también ejecutó otras dos inadmisiones contra un viajero israelí con pasaporte norteamericano proveniente de Nueva York, y un ciudadano estadounidense que llegó en un vuelo de American Airlines desde Miami, quienes presentaban alertas emitidas por agencias internacionales. En este último caso, pesaba también un antecedente de arresto en 2003 conta el estadounidense por distribución de videos de menores de edad en situaciones que podrían catalogarse como pornografía.
Los procesos de control se acompañan con verificaciones migratorias en puntos turísticos, hoteles, y hospedajes, entre otros, en los cuales se han identificado extranjeros con antecedentes por trata de personas e incluso perfiles de redes sociales que promueven este tipo de prácticas.
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