La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones contra una presunta estructura delincuencial señalada de cometer robos violentos, secuestros y torturas en fincas y parcelaciones del Oriente antioqueño, especialmente en municipios como Rionegro, Guarne y sectores aledaños.
Según un documento conocido por MiOriente, el grupo estaría conformado por al menos siete personas con presencia en Bello y el barrio Aranjuez de Medellín. Las autoridades indican que el modus operandi consistía en ingresar armados a viviendas rurales de estratos altos, intimidar a las víctimas y hacerse pasar, en algunos casos, por integrantes de grupos ilegales.
De acuerdo con la investigación, los señalados sometían a las víctimas mediante amenazas de muerte, amarras y tortura psicológica para obligarlas a desbloquear celulares y permitir el acceso a aplicaciones bancarias, billeteras digitales y criptoactivos. Posteriormente, realizaban transferencias, compras y retiros de dinero antes de hurtar vehículos, joyas y otros elementos de valor.
Uno de los casos más graves mencionados por la Fiscalía ocurrió el 25 de febrero de 2026 en una finca de la vereda Yarumal, en Rionegro, donde presuntamente varias personas fueron obligadas a entregar criptoactivos avaluados en cerca de 2000 millones de pesos.
En medio de las investigaciones, las autoridades también confirmaron la captura en Bello de un hombre que, según los procesos judiciales, ya había sido detenido anteriormente por hechos similares relacionados con el robo a un ciudadano extranjero. El capturado sería señalado de integrar la misma estructura delincuencial que viene siendo investigada por las autoridades en Antioquia. El sujeto puede enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, dijo una fuente a MiOriente.
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El informe también relaciona otros procesos judiciales por delitos como secuestro extorsivo, tortura, hurto agravado y hurto de automotores. Las autoridades sostienen que algunos de los presuntos cabecillas ya tendrían condenas por concierto para delinquir, secuestro y tortura, pero continuarían dirigiendo actividades criminales.
Las investigaciones indican que los hechos ocurrieron entre 2023 y 2026 y que la estructura tendría capacidad logística y conocimiento detallado de zonas residenciales y fincas de recreo del Oriente, aprovechando además el crecimiento económico y turístico de la región.
La Fiscalía señaló que continúa el trabajo articulado entre unidades de análisis criminal e intervención temprana para identificar nuevos casos y posibles conexiones con otros hechos similares registrados en Antioquia.
