Más de 300 extranjeros deportados o expulsados en Colombia en 2026

Migración Colombia registra 310 casos de deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros en lo corrido de 2026, por causales que incluyen riesgo para la seguridad nacional, documentación fraudulenta, infracciones a las normas migratorias y requerimientos de autoridades judiciales nacionales e internacionales. Antioquia acumula 35 casos entre deportaciones y expulsiones.

Del total de sanciones, 157 corresponden a deportaciones, originadas principalmente en irregularidades de ingreso, salida o permanencia en el país. Las regionales con mayor número de casos son Nariño (51), Oriente (24), Atlántico (19), Eje Cafetero (17) y Antioquia (16).

Las 153 expulsiones registradas en el período se concentran en las regionales Oriente (57 casos), Andina (23), Antioquia (19), Nariño (12) y El Dorado (12). Esta medida se aplica cuando el ciudadano extranjero atenta contra la seguridad nacional, el orden público o la tranquilidad social, o cuando existe requerimiento de Interpol u orden judicial.

“La Constitución y la Ley son contundentes a la hora de garantizar la seguridad nacional y el orden público, y en ese sentido se aplican estos procedimientos administrativos, respetando siempre los derechos y el debido proceso de las personas”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

¿Cuál es la diferencia entre deportación y expulsión?
Aunque ambas medidas implican la salida forzada del territorio colombiano, tienen efectos distintos. La deportación sanciona irregularidades migratorias con prohibición de ingreso al país de entre seis meses y diez años, y es susceptible de revisión. La expulsión, en cambio, es una medida administrativa discrecional con un término mínimo de cinco años, sin recurso en contra, y exige visa consular para poder regresar al país.

La cifra de 2026 se mantiene en línea con el promedio del primer trimestre del año anterior, que cerró con 1 652 casos a nivel nacional. De ese total, más de 150 órdenes fueron ejecutadas desde la Regional Andina, con epicentro en Bogotá, donde los ciudadanos extranjeros fueron trasladados hasta zonas de frontera o retornados en vuelos a sus países de origen.