Antioquia

Penalista Ricardo Giraldo asume la defensa del exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel. Así avanza el caso

2026-05-08
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El abogado penalista Ricardo Giraldo Cifuentes se suma a la defensa del exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacios, en uno de los procesos judiciales más sonados del Urabá antioqueño. 

Su llegada al equipo jurídico representa un movimiento clave dentro del caso, en el cual investigan al alcalde de Apartadó por presuntos delitos en contra de la administración municipal, un caso por el cual fue capturado y luego dejado en libertad. 

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Con más de dos décadas de experiencia en litigio penal, Giraldo es considerado una de las figuras de mayor recorrido en esta rama del derecho en Antioquia. Su trayectoria incluye designaciones como conjuez en la Sala Penal y en la Sala Especial de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín, además de una sólida formación académica enfocada en derecho penal, constitucional y justicia internacional, perfil que lo ha llevado también a escenarios académicos en otros países.

La defensa de Rangel queda integrada, además, por los abogados Enrique del Río González y Santiago Trespalacios, quienes ya venían actuando dentro del expediente. La incorporación de Giraldo fortalece la estrategia jurídica del exalcalde en un proceso que ha tomado relevancia por la gravedad de los hechos investigados y por las consecuencias políticas que ha tenido para la Administración municipal de Apartadó.

El caso de Héctor Rangel ha estado marcado por varios episodios judiciales. En 2024, el Consejo de Estado dejó en firme la nulidad de su elección al considerar que incurrió en doble militancia, tras respaldar candidaturas ajenas a la coalición con la que llegó al poder. Un año después, fue capturado por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.

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A la par del proceso penal, la Procuraduría también mantiene abiertas investigaciones disciplinarias contra Rangel y varios exfuncionarios de su Administración. Ahora, con Giraldo, el panorama jurídico del exmandatario entra en una nueva fase, en la que las decisiones de los jueces y organismos de control serán determinantes para su futuro judicial y político.

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