Antioquia

SIP exige justicia por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia

2026-05-07
Imagen de SIP exige justicia por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó este jueves su profunda consternación ante el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 25 años, ocurrido en Briceño, Norte de Antioquia. Pérez Rueda, quien se desempeñaba como director del medio digital El Confidente y era estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional, desapareció el pasado 5 de mayo mientras realizaba labores de reportería sobre el conflicto armado en la zona rural del municipio de Briceño.

El organismo internacional instó a las autoridades colombianas a desplegar todos los recursos necesarios para esclarecer el crimen y evitar que este nuevo ataque contra la libertad de prensa quede en la impunidad.

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Un ataque directo al ejercicio periodístico en Briceño

El joven comunicador fue interceptado en la vereda Palmichal por presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las FARC mientras documentaba la crisis humanitaria y los combates en la región. Según relatos de sus familiares, Pérez Rueda fue obligado a descender de su motocicleta y, a pesar de identificarse reiteradamente como periodista, habría sido maltratado y retenido por hombres armados.

Aunque el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, señaló que técnicamente el caso se maneja como desaparición hasta hallar el cuerpo, las declaraciones oficiales indican que «todo apunta a que fue asesinado» por el grupo criminal que opera en la zona.

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Recompensa y exigencias de seguridad internacional

Ante la gravedad de los hechos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita la captura de alias Chalá, señalado como el cabecilla que habría ordenado el crimen.

Por su parte, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, lamentó la violencia que deja una «profunda cicatriz» en el gremio y reiteró su preocupación por el deterioro de la seguridad para los reporteros en las zonas de conflicto del país. Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, calificó el suceso como un reflejo de la «persistente vulnerabilidad» de los comunicadores en territorios controlados por actores ilegales.

El caso ha puesto nuevamente en evidencia el control territorial de los grupos armados en el país, dado que organismos de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y el CICR han manifestado que requieren el aval de los cabecillas locales para ingresar a la zona y recuperar el cuerpo del periodista.

La SIP concluyó su pronunciamiento exigiendo una investigación «diligente, independiente y efectiva» que garantice la protección del ejercicio periodístico en todo el territorio colombiano.

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