El Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió no declarar en desacato a Cornare ni al Municipio de El Carmen de Viboral, representados por Javier Valencia González y Hugo Jiménez Cuervo, respectivamente, tras analizar el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Consejo de Estado en un proceso por afectaciones ambientales relacionadas con olores y ruido.
La decisión, adoptada el 8 de abril de 2026 mediante el interlocutorio 064, se originó en un incidente de desacato promovido por la Parcelación Sierras de la Macarena P. H., que alegaba incumplimientos en la sentencia emitida en septiembre de 2024.
El caso está relacionado con presuntas afectaciones al ambiente sano, la salubridad pública y la tranquilidad de la comunidad, atribuidas a las operaciones de la empresa Avícola Nacional S. A. en la Granja Las Aves, en jurisdicción de El Carmen de Viboral.
De acuerdo con el tribunal, aunque la parte demandante sostuvo que persisten olores ofensivos, ruido y múltiples quejas sin solución de fondo, las entidades demandadas acreditaron acciones orientadas al cumplimiento de las órdenes judiciales.
En el caso de Cornare, bajo la dirección de Javier Valencia González, se reportaron estudios técnicos mediante olfatometría dinámica, monitoreos periódicos de olores y ruido, seguimiento al Plan de Reducción de Olores Ofensivos (PRIO) y la implementación de canales para la atención de quejas ciudadanas.
La entidad también indicó que, con base en los análisis técnicos realizados, no se han configurado elementos suficientes para iniciar procesos sancionatorios ambientales, aunque mantiene vigilancia sobre la actividad.
Por su parte, la Administración municipal, encabezada por Hugo Alfonso Jiménez Cuervo, señaló que ha cumplido sus funciones mediante acompañamiento a visitas técnicas, inspecciones, seguimiento y articulación con la autoridad ambiental.
El tribunal precisó que las órdenes impartidas tienen un carácter técnico y progresivo, lo que implica que su cumplimiento se evalúa a partir de las acciones ejecutadas y no necesariamente de resultados inmediatos.
Con base en estos elementos, la Sala concluyó que no se configuró desacato, al evidenciarse actuaciones por parte de las entidades y sus representantes orientadas a cumplir la sentencia. No obstante, el proceso continúa bajo seguimiento judicial para verificar la protección de los derechos colectivos en la zona.
Cornare recordó que desde la corporación siempre están abiertos a la participación social y comunitaria, al diálogo y la concertación no solo de la comunidad, sino de todos los sectores.
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